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Extinción de dominio por tráfico de estupefacientes

Extinción de dominio por tráfico de estupefacientes

Extinción de dominio por tráfico de estupefacientes procede cuando el implicado en algún delito o acción delictiva ha sido vencido en un juicio y existan pruebas fehacientes sobre su participación en el ilícito.

En este caso, la extinción de dominio procede cuando se utiliza un bien material para el tráfico de estupefaciente o también cuando a partir del narcotráfico se adquieren bienes. Aunque cabe señalar que la Ley en este caso es ambigua, pero que intenta combatir algunos delitos como el tráfico de estupefacientes y el robo de celulares en los delitos menores.

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Los narcos: una oferta inconclusa que causa revuelo y hace temblar la carrera presidencial

     La aparición de un documento de 109 páginas, concebido como una agenda de negociación entre los principales dirigentes del narcotráfico y el gobierno colombiano, ha causado un gran impacto en los últimos días, ante lo exhaustivo del documento y las reacciones que ha generado en algunos actores involucrados, tal es el caso del ex-asesor de la campaña del presidente Santos, Juan José Rendón.

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Conozca el proyecto de ley de extinción de dominio en Colombia

     La extinción de dominio es el mecanismo  que permite al Estado quitar los bienes muebles e inmuebles a cualquier ciudadano que haya obtenido tales ganancias a través de actividades delictivas tales como el lavado de activos, el narcotráfico, el terrorismo, etcétera.

     Estas fortunas por lo general se ocultan a través del testaferrato y el pitufeo, entre otros mecanismos, son recuperadas por el Estado para la reparación de las víctimas y el restablecimiento del derecho.

     En la actualidad, existe un proyecto de ley de extinción de dominio que fue presentado por el Fiscal General Eduardo Montealegre al Congreso colombiano. Este proyecto incluye herramientas jurídicas para adelantar el proceso de recuperación de bienes adquiridos por falsificadores, estafadores, ladrones, entre otros.

     Asimismo, según este proyecto, la Fiscalía podrá hacer seguimiento a los testaferros de las personas que tengan vínculos con la pequeña crimininalidad. Esto se debe a que “la Fiscalía solo puede actuar penalmente contra los bienes que están a nombre del investigado; y con el proyecto se garantiza que incluso los bienes a nombre de otras personas puedan pasar a manos del Estado”

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