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Mayo 16, 2025
En el sistema de justicia penal colombiano, la acción penal constituye el mecanismo legal mediante el cual se inicia un proceso judicial para sancionar una conducta que infringe la ley. Es una herramienta fundamental para garantizar el acceso a la justicia, la protección de las víctimas y el restablecimiento del orden social.
Este recurso puede ser activado por el Estado o, en algunos casos, por particulares, y está regulado por la Constitución Política, el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal colombiano.
El artículo 250 de la Constitución Política otorga a la Fiscalía General de la Nación la responsabilidad de investigar delitos y acusar a los presuntos infractores ante los jueces competentes.
Por su parte, el artículo 74 del Código de Procedimiento Penal indica qué delitos requieren de querella para activar la acción penal, diferenciándolos de aquellos que pueden ser perseguidos de oficio.
La acción penal puede iniciarse mediante una denuncia o querella presentada ante la Fiscalía General de la Nación. También puede iniciarse de oficio en delitos de interés público.
Una vez recibida la información, se inicia una investigación. Si hay mérito, se imputan cargos ante un juez de control de garantías.
De acuerdo con el artículo 83 del Código Penal, el plazo de prescripción depende de la pena máxima asignada al delito, con un mínimo de 5 y un máximo de 20 años. Algunas excepciones incluyen:
Una víctima denuncia un hurto. La Fiscalía abre investigación, recolecta pruebas y formula imputación. Si hay evidencia sólida, se lleva a juicio. El juez decide con base en las pruebas si absuelve o condena.
El artículo 82 del Código Penal establece las siguientes causales para extinguir la acción penal:
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