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Mayo 20, 2025
El uso de la tecnología y las redes sociales ha abierto nuevas formas de interacción, especialmente entre los más jóvenes. Sin embargo, también ha generado nuevas formas de riesgo y delito, como el intercambio de imágenes íntimas entre adultos y menores de edad. En Colombia, este tipo de conducta no solo está moralmente cuestionada, sino que también está expresamente penalizada por la ley. A través de Colombia Legal Corporation te explicamos en detalle este delito y sus implicaciones legales.
El sexting —entendido como el envío, recepción o almacenamiento de imágenes, mensajes o videos de contenido sexual— se convierte en delito cuando involucra a personas menores de 18 años. Aunque en ocasiones los menores pueden compartir ese tipo de contenido sin comprender la magnitud del riesgo, la ley colombiana protege su integridad y considera inválido su consentimiento cuando se trata de actividades sexuales o conductas similares.
La Corte Suprema de Justicia de Colombia ha sido clara: solicitar contenido sexual a un menor, aunque no se llegue al contacto físico, constituye un acto sexual abusivo. En un caso reciente, un hombre de 23 años fue condenado por pedir fotos íntimas a su prima de 12 años a través de WhatsApp. Aunque en un principio fue absuelto, la Corte revocó el fallo, argumentando que el simple hecho de inducir a un menor a prácticas sexuales, así sea de manera virtual, vulnera su formación y constituye un delito.
El artículo 218 del Código Penal establece penas de 10 a 20 años de prisión y multas de 150 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes para quien produzca, comparta, compre, almacene o distribuya material de contenido sexual donde aparezcan menores de 18 años. La pena aumenta cuando el responsable pertenece al núcleo familiar de la víctima o tiene alguna relación de autoridad o confianza.
Además, el artículo 209 penaliza con prisión de 9 a 13 años los actos sexuales diversos del acceso carnal cometidos contra menores de 14 años, incluyendo inducirlos o persuadirlos a prácticas sexuales.
Cuando un adulto posee este tipo de contenido y lo utiliza para chantajear al menor o exigirle más material íntimo, se configuran otros delitos como:
El Código de Infancia y Adolescencia otorga una protección integral a niños, niñas y adolescentes. Cualquier conducta que atente contra su libertad sexual, dignidad, integridad física o emocional tiene consecuencias legales graves. La ley señala que los menores deben ser protegidos contra cualquier tipo de estimulación o inducción a la prostitución, pornografía o actividades sexuales, sean presenciales o virtuales.
La Corte Suprema ha enfatizado que el consentimiento de un menor de 14 años no tiene validez jurídica en estos casos. Así, incluso si el menor no se niega a la interacción o la continúa por presión emocional o desconocimiento, la responsabilidad recae totalmente en el adulto involucrado.
Entidades como la Secretaría de Seguridad de Bogotá han lanzado iniciativas como "Alerta en Línea", que buscan educar a estudiantes, padres y docentes sobre los peligros de los delitos sexuales digitales. Estas campañas también alertan sobre prácticas peligrosas como los "retos virales" en redes sociales, el sexting forzado y el ciberacoso.
En 2023, más de 17.000 páginas web con contenido de explotación sexual infantil fueron bloqueadas en Colombia, y más de 200 personas fueron capturadas por delitos informáticos relacionados con menores.
Tanto si eres una persona adulta que enfrenta una denuncia relacionada con este tipo de conducta, como si eres padre o madre de un menor que ha sido víctima, es fundamental contar con un abogado penalista especializado.
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