La Protección a la Población Quedó Fuera de la Vista del Estado

Enero 29, 2016

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En un país donde la violencia tiende a tomar las riendas del porvenir de sus ciudadanos, se ha convertido en un hecho sin reacción social o Estatal, dado que se ha interiorizado como parte de la cultura dejando a un lado el terrible detrimento histórico y cultural que representa.

Miles de familias han sido víctimas de este accionar armado contra la sociedad y del poco actuar del Estado para dar cumplimiento a su responsabilidad como garante de bienestar y protección a los civiles en los últimos 50 años.

La sección Tercera del Alto Tribunal condenó a la Nación Colombiana a pagar los perjuicios derivados, a una familia víctima de la muerte de uno de sus integrantes y desplazada de manera forzada, en 1999 a manos de los paramilitares, en el corregimiento de Buenos Aires del municipio de San Pedro en el Valle.

Al haber sido esta región una zona de violencia generalizada, el Consejo de Estado reiteró que ante lo sucedido, se presenta un hecho de irresponsabilidad estatal al omitir la adopción de medidas eficaces para la protección de la población civil frente a escenarios de delincuencia por parte de grupos armados al margen de la ley.

En base a lo anterior, y ante el caso en curso, se declaró que el Estado y la Policía habían desatendido su responsabilidad como garantes de la población, al no evitar los atentados de los que fueron víctimas en el Valle.

Esto, también implica una renuncia o ausencia de la soberanía estatal, al no asegurar la presencia efectiva institucional y duradera de las fuerzas públicas frente al Bloque Calima de las AUC.

Consecuentemente el Estado Colombiano fue exhortado para acudir al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en busca de adquirir un apoyo y asesoramiento en la reparación integral del sistema interno.

Conclusión
¿Será la aprobación de un caso de renuncia a la soberanía estatal señal de la viabilidad de restitución de las miles de familias víctimas de la violencia al margen de la ley en Colombia? Y ¿un primer paso para conseguir el cumplimiento de sus derechos infringidos y la indemnización pertinente?

O, ¿es una visión muy amplia para las capacidades estatales y nacionales que tiene Colombia de restitución a sus civiles, cuando posee un legado histórico de silencios y omisiones?

Estas son unas mínimas preguntas que surgen con este tipo de condenas al Estado, pero también surgen otras con respecto a la responsabilidad del Gobierno en su deber institucional de proteger a los ciudadanos y no permitir que grupos al margen de la Ley hagan lo que deseen con los ciudadanos.

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